La Suprema Corte y el síndrome de alienación parental

En respuesta, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) presentó su escrito de acción de inconstitucionalidad con diez argumentos en contra; pasando desde los efectos discriminatorios en contra de las mujeres, la regresividad de la medida y hasta la violación al interés superior de la niña y el niño para convivir con sus familias.

El asunto guarda una enorme importancia debido a que la figura del SAP se enmarca en los límites del derecho con otras ramas del conocimiento humano como la psicología y la psiquiatría. La polémica deriva en que mencionado artículo 323 séptimus retomó las teorías de Richard Gardner[ii], un psiquiatra estadounidense que acuño el término en 1985 y lo utilizó en más de 400 casos en las cortes del estado de Nueva York[iii]. Aquí cabe admitir la buena argumentación de la CDHDF, pues realizó una crítica sobre la razonabilidad de la teoría de Gardner aterrizada a reglas del derecho, pues a lo largo de sus investigaciones Gardner sostuvo que:

…la madre inicia una campaña injustificada de denigración en contra del padre a través de las y los niños que coloca a esta última como un sujeto despiadado que utiliza a los menores como mecanismo para sancionar y castigar a sus esposos y obtener de ellos algún tipo de beneficio o consideración. Es decir, el estereotipo del que se parte el SAP y la propia norma se asocia con el de la madre maliciosa, pues se reproduce la idea preconcebida de que existen mujeres “madres”, “locas” y “desesperadas” que pueden alienar a sus hijas e hijos con tal de castigar o retener a sus parejas.[iv]

Desde luego que al denominar como síndrome a ciertos actos de conducta que afectan a la psique de los niños, Gardner no aportaba nada nuevo respecto del tema. Ya que la violencia puede derivar de cualquiera de los padres biológicos o de terceros. El punto de quiebre, y el primer error en la teoría de Gardner, consiste en que sus ideas no pueden calificarse de científicamente válidas; mientras que el segundo error consiste en partir de esa teoría para generar consecuencias jurídicas y afectar un cúmulo de derechos de los niños en ciudad de México con sus padres divorciados.

Aquí cabe recordar algo relevante para los debates que habrá de llevar a cabo la Suprema Corte, pues el término “síndrome” se refiere a un “conjunto síntomas que son característicos de una enfermedad”[v]; si revisamos la Clasificación internacional de enfermedades (ICD-10) que funge como la herramienta estándar de diagnóstico para gestiones de salud y fines clínicos[vi], así como el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-V), a cargo de la Asociación Americana de Psiquiatría (American Psychiatric Association)[vii], encontramos que ambos instrumentos no reconocen al SAP como una enfermedad o trastorno. Asimismo, Diccionario médico unificado[viii], documento auspiciado por la Unión Médica Árabe que incorpora un registro de síndromes en diversos idiomas y en su conjunto albergan un total de 1,886 definiciones de síndromes, tampoco  reconoce la existencia del SAP en su listado. Así, para varios investigadores, el SAP

…no ha sido sujeto de estudios empíricos ni realmente objeto de publicación en revistas científicas[ix]. Por lo tanto: “… Gardner desarrolló un argumento teórico para enunciarlo como síndrome empleando una definición médica y con ello utiliza de forma tergiversada la lingüística, teniendo con ello la intensión de otorgar peso semántico a su postura, no obstante, el rigor debió darse en el método de comprobación como tal y no solo con el simple empleo irresponsable de palabras tendientes a apoyar la postura de algún cliente en un procedimiento familiar a modo de conveniencia. Cabe preguntarse entonces si ¿el SAP fue descubierto o construido a partir de la manipulación de datos tendenciosos?[x]

¿Entonces, cómo abordar un análisis en derecho en donde la primera premisa parte de conocimiento erróneo o de un debate que no ha sido pacífico? Algunos juristas han sostenido que el derecho sin ciencia queda reducido a formas que no incidirán o incidirán mal en los problemas sociales[xi]; por lo tanto, aceptar una teoría como el SAP que no goza de reconocimiento científico y que produce consecuencias de derecho es delicado. En este sentido, alrededor del mundo, varios tribunales han propuesto realizar de manera excepcional un test o examen que compruebe que cierta área, evidencia o conocimiento goza de cientificidad; por ejemplo, la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso: Daubert v. Merrell Dow Pharmaceutical sostuvo que: “…el adjetivo ‘científico’ implica una sólida postura en los métodos y procedimientos de la ciencia[xii]”. Por su parte, en Latinoamérica, la Corte Constitucional de Colombia ha asumido la tesis de la libertad científica, pero también admite un análisis respecto de alguna discusión técnica en donde el funcionario judicial debe analizar el estado del arte sobre una discusión o debate científico[xiii]. Llegados a este punto: ¿es posible, entonces, sostener la validez científica y constitucional del SAP? Es una de las preguntas medulares que tengan que resolver los ministros de la Suprema Corte.

El artículo 323 séptimus del Código Civil introdujo un subsistema de reglas que describen una especie de violencia intrafamiliar, consecuencias de afectación, niveles o estadios de alienación, un tratamiento, en donde un departamento de psicología tiene la facultad para evaluar a familiares cercanos para determinar con quién deberá permanecer el menor y, finalmente, un departamento de alienación parental encargado de llevar a cabo el tratamiento para el niño alienado. Cuando se “acredita” el SAP en grados “leve” y “moderado” la consecuencia es la suspensión del ejercicio de la patria potestad y/o del régimen de convivencias y visitas que se tenga decretado. Mientras que en el caso de la alienación “severa” la consecuencia será que el menor no permanecerá bajo cuidado del alienador o con la familia de éste y se suspenderá todo contacto.

Tal como se encuentra prevista en el Código Civil del Distrito Federal, el SAP es un conjunto grave de violaciones a los derechos humanos de todas las personas involucradas. En la práctica ya ha causado mucho dolor, como nos lo demostró el terrible caso de la colonia San Bernabé, en la Delegación Magdalena Contreras. La Suprema Corte tiene una oportunidad histórica para posicionarse en contra de teorías seudocientíficas que mucho daño han provocado en el mundo, en favor de la niñez mexicana y sus familias.

Miguel Ángel Antemate Mendoza. Defensor de derechos humanos por la UNAM.

 

 “ARTICULO 323 Septimus.- Comete violencia familiar el integrante de la familia que transforma la conciencia de un menor con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores.

La conducta descrita en el párrafo anterior, se denomina alienación parental cuando es realizada por uno de los padres, quien, acreditada dicha conducta, será suspendido en el ejercicio de la patria potestad del menor y, en consecuencia, del régimen de visitas y convivencias que, en su caso, tenga decretado. Asimismo, en caso de que el padre alienador tenga la guarda y custodia del niño, ésta pasará de inmediato al otro progenitor, si se trata de un caso de alienación leve o moderada.

En el supuesto de que el menor presente un grado de alienación parental severo, en ningún caso, permanecerá bajo el cuidado del progenitor alienador o de la familia de éste, se suspenderá todo contacto con el padre alienador y el menor será sometido al tratamiento que indique el especialista que haya diagnosticado dicho trastorno.

A fin de asegurar el bienestar del menor, y en caso de que, por su edad, resulte imposible que viva con el otro progenitor, el departamento de psicología del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, evaluando a los parientes más cercanos del niño, determinará qué persona quedará encargada de su cuidado; mientras recibe el tratamiento respectivo que haga posible la convivencia con el progenitor no alienador.

El tratamiento para el niño alienado será llevado a cabo en el Departamento de Alienación Parental del Servicio Médico Forense del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.”

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