¿Cómo se castiga penalmente el maltrato infantil?

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El maltrato infantil, también conocido como abuso o violencia infantil, comprende todos los tipos de maltrato físico o psicológico que se producen sobre menores de 18 años. Se trata de una lacra social que afecta a todos los países y que está considerado como delito en España desde el año 1944.

El maltrato infantil ha sido definido por el Observatorio de la Infanciacomo la “acción, omisión o trato negligente, no accidental, que priva al niño o la niña de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social y cuyos autores pueden ser personas, instituciones o la propia sociedad”.

Por otro lado, los datos que manejan la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan la alarmante noticia de que alrededor de un 23% de personas reconocen haber sufrido algún maltrato físico durante su niñez.

Una de las formas más comunes de maltrato infantil a la que se exponen los niños es el bullying o acoso escolar, sin embargo, en este post iremos más allá y analizaremos las penas que figuran en la ley para los delitos de agresiones a menores,  abandono y corrupción de menores, entre otros.

En los delitos producidos contra menores de 13 años se tiene en cuenta la indefensión y vulnerabilidad propia de estas edades, por lo que las penas de cárcel, generalmente, son más elevadas en dichos casos.

En el Código Civil se constituye que los hijos no emancipados están bajo la potestad de los padres, quienes deben respetar la integridad física y psicológica de sus hijos, y velar por ellos. No obstante, es cierto que “los padres podrán, en el ejercicio de su potestad, recabar el auxilio de la autoridad”, es decir, podrán corregir a sus hijos de manera moderada y razonable. Por su parte, los hijos deben obedecer a sus padres y respetarles siempre mientras permanezcan bajo su potestad.

En el Código Penal figura que no cumplir con los deberes legales de asistencia de la patria potestad, está castigado con penas de prisión de 3 a 6 meses. En caso de abandono del menor, la pena podrá ser de hasta 4 años de prisión si como consecuencia se hubiera puesto en peligro la vida, integridad física o libertad sexual del menor de edad.

La entrega del menor a otra persona, a cambio de una compensación económica, con la finalidad de establecer una relación análoga a la de filiación, conlleva una pena de 1 a 5 años de prisión además de la inhabilitación especial de la patria potestad durante un periodo de tiempo de entre 4 y 10 años.

Aquel padre que ejerza habitualmente violencia física o psíquica sobre el menor que tiene sujeto a potestad se enfrentará a una pena de entre 6 meses y 3 años de prisión, además, si el juez lo estima adecuado, impondrá una inhabilitación especial de la patria potestad de 1 a 5 años, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por los delitos de violencia física o psíquica.

Dejando a un lado los supuestos relacionados con la patria potestad, aquella persona que por cualquier medio o procedimiento, cause a una persona menor de 12 años una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, siempre que ésta requiera objetivamente para su sanidad un tratamiento médico o quirúrgico, podrá ser castigada con una pena de prisión de 2 a 5 años.

esposas

En materia de delitos sexuales la legislación es extensa. Respecto al delito de corrupción de menores, el artículo 187 del Código Penal señala que “el que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de una persona menor de edad o incapaz será castigado con las penas de uno a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses. La misma pena se impondrá al que solicite,obtenga o acepte a cambio de una remuneración o promesa, una relación sexual con persona menor de edad o incapaz”.

Asimismo, utilizar o captar a menores de edad con fines pornográficos, así como vender, distribuir o facilitar contenidos de esta naturaleza, está sujeto a una pena de 1 a 5 años de cárcel.

Es muy importante remarcar que de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminallos ciudadanos tienen la obligación de informar acerca de cualquier situación de maltrato infantil que presencien o de la que tengan conocimiento.

Para proceder en los delitos de agresión, acoso, o abusos sexuales cuando la víctima sea menor de edad, no es precisa la denuncia o querella de la víctima o su representante legal, pues bastará con la denuncia del Ministerio Publico 

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MADRES NO TIENE MÁS DERECHOS QUE PADRES SOBRE HIJOS: SCJN

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el hecho de ser mujer no le da a la madre más derechos sobre el padre para obtener la guarda y custodia de un menor de edad, aunque se trate de una niña.

Cabe destacar que hace unos dí­as, la Primera Sala de la SCJN también determinó que el delito de sustracción de menores cometido por familiares (padre o madre) que no tengan el consentimiento de quien ejerce la patria potestad o la custodia del menor, es acorde con el principio de interés superior del menor y al derecho fundamental a la unidad y convivencia familiar.

Por unanimidad de votos, a propuesta del ministro Arturo Zaldí­var, la Primera Sala concluyó que constituye un estereotipo pensar que la mujer es la más apta e idónea para cuidar a los hijos.

La sentencia de la Suprema Corte se dio al resolver un juicio de guarda y custodia en el que los padres se disputan a una niña de 10 años.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en el Estado de México, le concedió la guarda y custodia a la madre, por ser mujer. El tribunal alegó que la madre es más apta para cuidar a la niña porque comparten el mismo género.

Al revisar el amparo, la Primera Sala de la Suprema Corte revocó la sentencia del tribunal. Los ministros concluyeron que el padre o la madre están igualmente capacitados para atender y cuidar a los hijos.

Señalaron que en los juicios de guarda y custodia es obligación de los jueces y magistrados analizar el principio de igualdad entre el hombre y la mujer.

El objetivo es que se eliminen los prejuicios de género que ponen a la madre por encima de los derechos que también tiene el padre sobre sus hijos.

La sentencia destaca que el juez debe buscar que los menores vivan en el ambiente más propicio para el desarrollo integral de su personalidad, protegiendo así­ el interés superior del niño.

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Determina SCJN que padres o madres que impidan convivencia pueden perder custodia

06 ago 2018 14:31
Foto propiedad de: Cuartoscuro

El máximo tribunal del país detalló tres casos en los que se puso a los menores en el centro de la protección de la ley.

México.- La Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que se puede modificar la guardia y custodia de los hijos cuando uno de los padres impida que los menores de edad convivan con el otro progenitor.

De acuerdo con una tesis presentada por el ministro Arturo Zaldívar respecto a un juicio ordinario civil, se determinó que impedir que los menores de edad convivan con uno de los padres puede generar daños emocionales difíciles de revertir; además, consideró que no había razón para pensar que la interacción con dicho padre pudiera generar un daño al infante.

En un comunicado, la SCJN explicó que “al aplicar el interés superior de la infancia, se estableció que se puede modificar la guardia y custodia cuando uno de los padres sistemáticamente impida que sus hijos convivan con el otro progenitor”.

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Clases de Juicios / Vías procesales.

Clases de Juicios / Vías procesales.

En materia civil existen muchas clases de juicios o procesos a través de los cuales se dirimen las controversias jurídicas de los particulares. A esto también se le conoce como vías procesales. Básicamente dividimos en dos grandes grupos de juicios: los ordinarios y los especiales.

Juicios Ordinarios

Por regla General todos los juicios que no tengan una tramitación especial dentro de la legislación, se seguirán por esta vía, por ello adopta el nombre de “ordinaria”.
Esta vía se caracteriza por tener los plazos más largos que se establecen, ello en virtud de que una gran cantidad de juicios, de diversa índole se tramitarán por la misma.
Existen varios juicios ordinarios en la codificación civil: en materia mercantil hay dos clases de juicios ordinarios, el oral y el escrito. El juicio oral mercantil procede en controversias de hasta $500,000.00, cuando exceden de ese monto, debe tramitarse en la vía escrita.
En materia civil en sentido estricto existe un juicio ordinario civil, y en algunos estados existe un juicio ordinario en materia familiar denominado “controversia del orden familiar”.

Juicios Especiales

Los juicios especiales tienen una tramitación distinta atendiendo a que determinadas controversias deben dirimirse de manera más pronta puesto que, el juicio ordinario causaría muchos problemas y estancos procesales al tramitarse, sin embargo en la práctica existen juicios especiales que llegan a dilatarse más que los juicios ordinarios.
Dentro de estos juicios existen los ejecutivos, los hipotecarios, los de arrendamiento, los de desahucio, los de adopción, los sucesorios, etcétera, cada uno con una finalidad específica y que para su procedencia requieren de determinados presupuestos.
  • Juicios Ejecutivos.- Tienen como finalidad ejecutar coactiva, fácil y rápidamente un título que por sus características trae aparejada ejecución, es decir, que la Ley prevé que se pueda tramitar en esta vía. Dentro de esta clase encontramos el juicio ejecutivo mercantil, que es el más común de todos los juicios civiles que se tramitan en el país. Estos juicios por lo general proceden para ejecutar los títulos de crédito (cheques, pagarés, letras de cambio). La característica de estos juicios es que en el momento de su admisión se dicta un auto de exequendo que sirve de mandamiento en forma para embargar bienes del deudor al momento de notificarle la demanda, lo que constituye uno de los instrumentos más delicados de nuestro sistema jurídico, toda vez que previo a que se acredite plenamente la existencia de la deuda, el acreedor podrá embargar los bienes del deudor para garantizar el pago.
  • Juicios Hipotecarios.- Tienen como finalidad ejecutar una hipoteca cuando se incumple el contrato que le da origen. La hipoteca es el derecho real que se constituye sobre bienes inmuebles para garantizar el cumplimiento de una obligación, dando al acreedor los beneficios de persecución, venta y preferencia en el pago. En caso de incumplimiento, el acreedor puede ocurrir a este juicio para que se remate el bien hipotecado y que con su producto se le pague. La característica de este juicio es que en caso de que el demandado no conteste la demanda, sin aperturar periodo probatorio, el juez dicta sentencia en la que por lo general condena y ordena el remate del bien hipotecado.
  • Juicio de Arrendamiento.- Como su nombre lo indica, su finalidad es dirmir toda controversia que se suscite con motivo de un contrato de arrendamiento inmobiliario, cabe resaltar que en algunas entidades federativas, como es el caso del Distrito Federal, existen juzgados especializados en dirimir esta clase de controversias, toda vez que el contrato de arrendamiento es uno de los más comunes en nuestro sistema jurídico.
  • Juicio de Desahucio.- Tiene como finalidad requerir de pago al arrendatario en un contrato de arrendamiento y, eventualmente obligarlo a desalojar el inmueble arrendado. Cabe hacer mención que para la procedencia de este juicio no sólo basta con exhibir el contrato de arrendamiento, sino que se haya incumplido en el pago de la renta de, por lo menos, tres meses.
  • Juicio de Adopción.- Tiene como finalidad decretar la adopción de un menor por un mayor. Esta clase de juicios, previstos en la legislación civil como juicios especiales, más bien entrarían dentro de los procedimientos no contenciosos, ya que no existe controversia o parte contraria en las adopciones.
  • Juicio Sucesorio.- Quizá el juicio más complejo y raro en su tipo, puesto que no tiene las clásicas etapas procesales, sino que se forma por cuatro secciones: sucesión, inventario y avalúo, administración y partición. Cada una de estas etapas tiene una tramitación especial y audiencias y requisitos que cumplir para poder pasar a la siguiente. La finalidad de esta clase de juicios es transmitir el patrimonio de una persona fallecida (denominado de cujus) a favor de sus herederos testamentarios o legítimos, según el caso.

Procedimientos No contenciosos

Esta clase de procedimientos se encuentran previstos cuando, a pesar de no existir controversia alguna, se requiere de una resolución judicial para determinado acto. Esta vía procesal no es un juicio en sentido estricto por que no existe controversia ni una contraparte en el procedimiento, y por lo tanto no pueden considerarse juicios. Dentro de esta clase encontramos el divorcio por mutuo consentimiento, cambio de régimen económico matrimonial, entre otros.

La negligencia es un maltrato frecuente y muchas veces pasa desapercibida

No es necesario golpear a un niño para que este hecho sea considerado como maltrato; existen acciones y actitudes de los padres que, de manera recurrente, no identifican o proveen lo que un niño realmente necesita.

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En este sentido, la negligencia es una forma de maltrato infantil que comprende omisiones y falencias intencionales de un adulto para suplir las necesidades de un niño o para proveer el cuidado que necesita, teniendo los medios y las herramientas para hacerlo. “Esta falencia no hace referencia a las imposibilidades financieras y económicas que pudiesen resultar en descuido. La negligencia hace referencia a un patrón continuo de cuidado inadecuado y se identifica en las personas más próximas y responsables de un niño”, explica María Carolina Sánchez Thorin, sicóloga clínica y especialista en temas de familia y primera infancia.

Este maltrato también se relaciona con la manera en que los niños se asocian a los patrones de crianza y en cómo se vinculan con los pequeños de manera sicoafectiva. Es importante detectarla a tiempo, pues el impacto sicológico del abandono, el rechazo y la negligencia gestan en la personalidad de los niños desde sus primeros meses de vida núcleos para la depresión, la falta de autoestima, las adicciones, los fracasos escolares, e inclusive, la psicosis. La práctica clínica –explica la sicóloga– nos muestra que la negligencia es quizás el tipo de maltrato y de disfunción familiar más común en todos los estratos sociales.

Tipos de negligencia
La sicóloga María Carolina Sánchez Thorin explica los tipos y las situaciones en las que se presenta esta situación.

1. Física: está dentro de los tipos de maltrato más frecuentes. Este tipo hace referencia al no proveer a los niños alimentación adecuada, vestido y vivienda salubre.
Igualmente, alude a todos los riesgos físicos en que son puestos los niños, supervisión inadecuada, amenazas de dejarlos sin comida o vivienda, accidentes por descuido, etc.  Un ejemplo dramático de ello son las quemaduras de tercer grado por falta de supervisión o los accidentes por no llevar el cinturón de seguridad.  La negligencia física puede llevar a los niños a estados serios de desnutrición, enfermedad, accidentes y una herida a su autoestima que lo acompañará toda la vida.
“También hace referencia a no tener la ropa adecuada para un ambiente determinado o a la falta de higiene”, agrega Carolina Puerto Valdivieso, antropóloga con estudios en ciencias forenses e investigación criminal y coautora del libro Maltrato infantil. Investigación criminal, criminalística y ciencias forenses.

2. Educativa: hace referencia a aquellos niños que no asisten a un plantel educativo y que, por ende, pierden la oportunidad de su derecho básico a la educación. Igualmente, la negligencia educativa hace referencia a la cantidad de tiempo que el niño está solo viendo TV, en el computador, etc.

3. Sicológica y emocional: se refiere a la exposición de niños a situaciones de abuso emocional que omiten a los mismos como personas vulnerables. Este es el caso de ignorar a los niños, el rechazo, el abuso verbal que denigra al pequeño, la soledad, las amenazas de abandono, el trabajo, etc. Carolina Puerto dice que “la negligencia afectiva, además, bloquea el desarrollo de las capacidades mentales y cognitivas de un pequeño. Esta situación, por ejemplo, se presenta cuando los padres dejan a un bebé solo en la cuna y no generan ningún tipo de comunicación ni estimulación con él”. Las secuelas sicológicas de este tipo de maltrato se inician a partir de la gestación y tienen diferentes repercusiones, según la edad, siendo la primera infancia la etapa de mayor vulnerabilidad. De hecho, se han reportado casos en donde el abandono sicológico lleva a la muerte de bebés.

4. Médica: tiene que ver con el cuidado médico inapropiado de los niños. Un ejemplo de ello es no acceder rutinariamente a controles pediátricos, no llevar a los niños a servicios de urgencias cuando están muy enfermos, no seguir procedimientos médicos recomendados, no poner vacunas requeridas, etc. A pesar de que la negligencia médica está relacionada en nuestro país con los altos índices de pobreza, los padres deben buscar la forma de ampararse por el Gobierno en sus programas de prevención y promoción de la salud en niños y niñas, como es el caso de las vacunas gratuitas. Algunos padres, a pesar de no seguir instrucciones médicas, buscan ayudas alternativas alrededor de la salud de sus hijos. Siempre y cuando estas opciones no pongan en riesgo la vida de los niños, son signos de cuidado y protección.

Detección y prevención
Generalmente es detectada por las personas que son más allegadas a los niños, como sus profesores, parientes, pediatras, amigos, etc. “En los niños más pequeños la negligencia es evidente cuando personas ajenas a la familia nuclear perciben falta de higiene, bajo peso, cuidado médico inadecuado, ausencia al colegio, falta de interés por las responsabilidades escolares, etc.”, dice la sicóloga.

El primer paso para evitar este maltrato es identificar sus causas. “La mayoría de los casos de negligencia –sostiene Sánchez Thorin– radican en la imposibilidad sicológica del padre o de la madre de cuidar apropiadamente a sus hijos y, en este sentido, un profesional de la salud metal tendrá que determinar  si el padre o madre deben vivir con el niño y si es el caso, recibir un tratamiento”.

También es indispensable que los adultos cuenten con las personas más cercanas, como parientes, amigos de confianza, para que sean su red de apoyo y acompañamiento en la crianza de un niño, debido a que los padres no tienen suficiente orientación ni las herramientas para comprometerse con la labor de ser padres.

“No poder o no saber criar no es un pecado, se puede aprender a lo largo de la vida, con el apoyo de las redes familiares y, por qué no, de los sicólogos, trabajadores sociales, maestros, entre otras personas claves. Pedir ayuda es señal de inteligencia y sensatez. No hacerlo es señal de inmadurez física y emocional… lo bueno es que podemos crecer, cambiar, amar, ser felices y hacer felices a nuestros niños”, enfatiza María Lucy Gutiérrez.

Situaciones para tener en cuenta
Según María Lucy Gutiérrez, trabajadora social y miembro fundador de la Asociación Afecto, el padre o madre es negligente cuando:

◗ Priva al niño niña de alimento por largas horas.
◗ No provee el dinero necesario y de forma oportuna para la manutención de los hijos.
◗ No le coloca ropa adecuada.
◗ El aseo del área donde vive el niño se encuentra cotidianamente sucia.
◗ Priva al pequeño de cariño, juego, abrigo y compañía cotidianamente.
◗ Lo grita, golpea, zarandea, cuando llora en exceso y es incapaz de preguntarse por la causa del llanto.
◗ Le transmite el lenguaje por medio de gritos, golpes y empujones.
◗ No juega con sus hijos, o bien, juega un poco y se ausenta por largas horas o días.
◗ Los deja solos y/o al cuidado de una persona que no ama a los niños y que, en consecuencia, los puede maltratar y/o abusar de ellos.
◗ Se embriaga, consume otro tipo de sustancias y pierde el control consigo mismo y con sus hijos.

Adulto negligente
De acuerdo con Carolina Puerto, estas son algunas características de un adulto negligente:

◗ No reconoce las señales del niño cuando necesita algo. Ej. Cuando el bebé llora y no se identifica lo que el niño quiere, por falta de conocimiento. Pasa generalmente en mamás adolescentes.
◗ Pone por encima sus necesidades sobre las del niño. Ej. Compra comida rápida en la calle para proveer la necesidad de alimentación.
◗ Tiene una visión distorsionada de lo que el niño necesita. Ej. Los niños cuyos padres los inscriben en múltiples actividades (talleres, cursos), que sumadas a su carga escolar, les impide tener tiempo libre para una actividad muy importante para su desarrollo como lo son el juego y la socialización con otros niños.

Un maltratador no es buen padre

Sólo hay que escuchar durante pocos minutos a mujeres con hijas e hijos que han sufrido violencia de género y la han denunciado, para darse cuenta hasta que punto los temas relacionados con el bienestar de estos niños y niñas y los aspectos referidos a la custodia, son muy importantes en la toma de decisiones sobre la denuncia, la búsqueda de protección y la decisión de llevar hasta el final el proceso de salida y de recuperación de la violencia de género. No sólo sigue existiendo una creencia social sobre el hecho de que la ruptura matrimonial opera contra el bienestar de los menores, sino que existe un miedo real a la pérdida de la custodia de sus hijos e hijas que cuenta con pocos, pero, lamentablemente, significativos ejemplos derivados, en algunos casos, de malas prácticas en la aplicación de la Ley.

Un hombre que maltrata a una mujer no es un buen padre. Es una de esas verdades como puños si pensamos desde posiciones respetuosas con los derechos de las personas y desde la prevención de la violencia de género y la educación para la igualdad. Sin embargo en la realidad, y especialmente en el ámbito jurídico, no siempre se aplica este criterio como preferente. Los matices que se hacen a esta afirmación acaban, en algunos casos, en interpretaciones que responden más bien a la idea de que un hombre que maltrata a una mujer, puede seguir cumpliendo adecuadamente sus obligaciones paternas.

Esto es consecuencia directa de que vivimos en un contexto social en el que la violencia masculina, especialmente si está dirigida a su pareja, ha encontrado tradicionalmente mucha más comprensión y justificación de las razonables. Esto, como no puede ser de otra manera, ha afectado a la definición de las relaciones jurídicas entre mujeres y hombres, y aún hoy, continúa afectando a las resoluciones judiciales en materia de familia y al criterio que utilizan los juzgados para tomar sus decisiones sobre custodia y bienestar de los niños y niñas, incluso en los casos de violencia de género.

La experiencia en la aplicación y el funcionamiento de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género nos ha mostrado algunos ejemplos de casos en los que el criterio utilizado por un juzgado, ha sido que la violencia ejercida contra una mujer, no afecta a la idoneidad de un agresor para el desempeño del papel de padre. Y esto a pesar  de que hay dos artículos en esta Ley que hacen las siguientes recomendaciones entre las medidas cautelares que un juzgado puede aplicar:

Artículo 65: De las medidas de suspensión de la patria potestad o la custodia de menores. El Juez podrá suspender para el inculpado por violencia de género el ejercicio de la patria potestad o de la guarda y custodia, respecto de los menores a que se refiera.

Artículo 66: De la medida de suspensión del régimen de visitas. El Juez podrá ordenar la suspensión de visitas del inculpado por violencia de género a sus descendientes.

El problema, como suele ser habitual es el verbo utilizado. Dice la ley que el juez“podrá”. Pasemos por alto el hecho de que debemos entender que la jueza, cuando se da el caso, también, (lo siento no he podido resistirme), pero ese “podrá” es una remisión al buen juicio del juez o la jueza, en el marco de criterios de proporcionalidad y vistas las circunstancias de cada caso, es decir, a lo que en términos jurídicos se entiende como “el arbitrio judicial”. Y esto puede tener diferentes consecuencias:

Si una tiene suerte y da con un juez o una jueza que entiende que la regla general es que alguien que agrede a su pareja no es un buen padre, existe alguna posibilidad de que se apliquen alguna de estas medidas cautelares, aunque son muy pocos los casos en los que se produce una suspensión de régimen de visitas, por ejemplo. Pero si por el contrario, una cae en un juzgado cuyo titular piensa que uno puede insultar, agredir, amenazar, lesionar, etc… a su pareja, sin que esto afecte de forma significativa a su papel de padre, pueden producirse casos tan surrealistas como que se conceda la custodia al presunto agresor bajo la argumentación de que tiene mejor horario laboral que la presunta agredida, Esto, hoy, no está prohibido por la Ley. El resultado son algunas resoluciones judiciales que desde luego no están basadas en la idea de mantener a los niños y las niñas alejados de la situación de violencia. Resoluciones que se convierten en una fuente inagotable de conflictos familiares, que sólo consiguen afectar el bienestar de los menores,  prolongar la tortura judicial de las mujeres que interponen denuncias por violencia de género, o encerrar en una espiral sin salida a las mujeres que enfrentan las situaciones de violencia sobrevenida en los procesos de divorcio, que no son pocas.

Yo no soy especialista en temas de atención jurídica a mujeres victimas de la violencia de género, pero no hace falta serlo para entender la gravedad de este problema, que hunde sus raíces más profundas en los estereotipos sexistas mas rancios, y que encuentra, en ocasiones, muy poca comprensión en el arbitrio judicial, en el marco de una legislación aún enormemente conservadora en materia de relaciones familiares.

Por eso, cuando esta mañana me he despertado con las opiniones de las asociaciones de la abogacía y la judicatura, diciendo que este tipo de problemas han de arreglarse confiando en el arbitrio judicial, en respuesta a la propuesta de modificación del Código Civil que ha hecho el Gobierno, como ciudadana sólo me dan ganas de decir una cosa: Contábamos con su buen juicio y criterio confiando en que sabrían que un hombre que agrede a su pareja no es un buen padre. Esperábamos que entendieran que las relaciones familiares han de estar necesariamente basadas en el pacto y la negociación en condiciones de igualdad entre los cónyuges. No parece que este sea un criterio universal en su ámbito y nos parece muy arriesgado contar con el criterio de profesionales que incluso objetan abiertamente de estos principios básicos. No nos pidan que confiemos en su criterio si algunas personas entre ustedes creen, que el bienestar de los niños y las niñas se defiende manteniendo y, a veces imponiendo, la relación con la persona que ha maltratado a su madre, incluso dándole responsabilidades de custodia en exclusiva. Porque, aunque sea en un puñado de casos, esto está pasando ahora mismo en los juzgados españoles.

Si el criterio judicial sobre las relaciones de familia, especialmente en los casos de violencia de género, no funciona de forma general, como poco, será necesario darle la orientación adecuada desde la legislación. La dirección no puede ser otra que la de reconocer que un hombre que agrede a su pareja no es un buen padre. Seguramente deberíamos considerar más cosas, pero es un buen comienzo para construir un modelo de relaciones familiares más equilibrado, que reconozca que el respeto a la igualdad en las relaciones de pareja es fundamental para el cumplimiento de las mutuas obligaciones y en relación con sus descendientes, en lugar de estar polemizando permanentemente en los territorios de lo no razonable cuando hablamos de relaciones familiares.

Además, con la cifra actual de mujeres asesinadas este año que no habían puesto denuncia previa, no podemos permitirnos que el miedo a perder la custodia de sus hijos e hijas sea un elemento disuasorio para las mujeres víctimas. Pero si además queremos trabajar en la dirección adecuada para prevenir la violencia de género en el futuro de la población más joven, no creo que un modelo paterno de un hombre que agrede, sea defendible en ningún caso.

Creo, por tanto, que son muchas las razones que tenemos para apoyar un fortalecimiento, vía legislación civil, de las recomendaciones ya recogidas en la Ley contra la violencia de género, digan lo que digan las diferentes organizaciones que representan a los operadores jurídicos y judiciales. Una reforma que, desde luego debe apuntar en la dirección de buscar la complicidad de quienes son imprescindibles para su aplicación, pero que no puede olvidarse de los problemas reales que en este momento se derivan de resoluciones concebidas en algunos juzgados de violencia de género y, también, en los de familia. Ejemplos claros de lo que no debe pasar en una sociedad respetuosa con la igualdad, con los derechos de las mujeres y de los niños y las niñas.

PENSIÓN ALIMENTICIA RETROACTIVA

Reformas de ley en pensiones alimenticias: Si algún progenitor abandona a su hijo con previo conocimiento de su nacimiento, es posible hacer demanda retroactiva.

La pensión alimenticia retroactiva es un proceso legal que debe demostrar que el progenitor tuvo conocimiento de la existencia de su hijo, y con ello tendrá que pagar desde el día de nacimiento.

La obligación de los padres se genera a partir del reconocimiento de paternidad, es decir, desde que se da a conocer el embarazo.

La pensión alimenticia no sólo comprende dinero para comida, también se trata de dotar recursos necesarios para adquirir ropa, calzado, medicinas, esparcimiento, educación y útiles escolares.

¿Cómo solicitarlo?

-La demanda se presenta ante un juzgado familiar que normalmente se encuentran en la sede o subsedes de los Tribunales de Justicia

-Entregar un escrito que plantee la necesidad de obtener la pensión alimenticia, y con ello inicia el litigio

-Cuando son menores de edad los beneficiados, la demanda la debe presentar a su nombre su representante que de facto es uno de sus padres

-Si el beneficiado es mayor puede presentarla el mismo

-Se necesita un abogado dado que se trata de un juicio que requiere una representación jurídica

Hace unos meses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un caso de un adulto que demandó a su padre porque no le dio pensión alimenticia cuando era niño.

Los ministros concluyeron que el afectado tenía razón porque el derecho a la pensión no se acabó cuando él ya era mayor y que debía recibir el apoyo que no recibió en su infancia.

 

Pensión alimenticia retroactiva

 

La Superma Corte de Justicia de la Nación determinó que a partir del mes de septiembre del 2015 la pensión alimenticia será retroactiva en los juicios de reconocimiento de paternidad.

¿Qué quiere decir esto? La pensión se deberá pagar desde el día del nacimiento del niño.

Para demandar la pensión alimenticia retroactiva se debe demostrar que el progenitor tuvo conocimiento del nacimiento ya que la obligación de los padres se genera a partir del reconocimiento de paternidad, es decir, desde que se da a conocer el embarazo.

La ministra Olga Sánchez Cordero, dejó claro que no importan la cantidad de años que hayan pasado, la indemnización a la que tiene derecho el niño se realizará a partir del nacimiento. Ésta se establecerá dependiendo de los ingresos del progenitor en la actualidad y el Estado de la República en el que se encuentren ya que cada uno tiene sus variaciones en cuanto al interés anual por el pago de alimentos caídos.

“La obligación de los padres de proveer alimentos es imprescriptible e insustituible por lo que el padre que abandone a sus hijos o que no lo reconozca al nacer, tendrá que pagar la pensión alimenticia de forma retroactiva desde la fecha de nacimiento del menor.

 

 

Hace unos meses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un caso de un adulto que demandó a su padre porque no le dio pensión alimenticia cuando era niño.

Los ministros concluyeron que el afectado tenía razón porque el derecho a la pensión no se acabó cuando él ya era mayor y que debía recibir el apoyo que no recibió en su infancia.

 

La Suprema Corte y el síndrome de alienación parental

En respuesta, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) presentó su escrito de acción de inconstitucionalidad con diez argumentos en contra; pasando desde los efectos discriminatorios en contra de las mujeres, la regresividad de la medida y hasta la violación al interés superior de la niña y el niño para convivir con sus familias.

El asunto guarda una enorme importancia debido a que la figura del SAP se enmarca en los límites del derecho con otras ramas del conocimiento humano como la psicología y la psiquiatría. La polémica deriva en que mencionado artículo 323 séptimus retomó las teorías de Richard Gardner[ii], un psiquiatra estadounidense que acuño el término en 1985 y lo utilizó en más de 400 casos en las cortes del estado de Nueva York[iii]. Aquí cabe admitir la buena argumentación de la CDHDF, pues realizó una crítica sobre la razonabilidad de la teoría de Gardner aterrizada a reglas del derecho, pues a lo largo de sus investigaciones Gardner sostuvo que:

…la madre inicia una campaña injustificada de denigración en contra del padre a través de las y los niños que coloca a esta última como un sujeto despiadado que utiliza a los menores como mecanismo para sancionar y castigar a sus esposos y obtener de ellos algún tipo de beneficio o consideración. Es decir, el estereotipo del que se parte el SAP y la propia norma se asocia con el de la madre maliciosa, pues se reproduce la idea preconcebida de que existen mujeres “madres”, “locas” y “desesperadas” que pueden alienar a sus hijas e hijos con tal de castigar o retener a sus parejas.[iv]

Desde luego que al denominar como síndrome a ciertos actos de conducta que afectan a la psique de los niños, Gardner no aportaba nada nuevo respecto del tema. Ya que la violencia puede derivar de cualquiera de los padres biológicos o de terceros. El punto de quiebre, y el primer error en la teoría de Gardner, consiste en que sus ideas no pueden calificarse de científicamente válidas; mientras que el segundo error consiste en partir de esa teoría para generar consecuencias jurídicas y afectar un cúmulo de derechos de los niños en ciudad de México con sus padres divorciados.

Aquí cabe recordar algo relevante para los debates que habrá de llevar a cabo la Suprema Corte, pues el término “síndrome” se refiere a un “conjunto síntomas que son característicos de una enfermedad”[v]; si revisamos la Clasificación internacional de enfermedades (ICD-10) que funge como la herramienta estándar de diagnóstico para gestiones de salud y fines clínicos[vi], así como el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-V), a cargo de la Asociación Americana de Psiquiatría (American Psychiatric Association)[vii], encontramos que ambos instrumentos no reconocen al SAP como una enfermedad o trastorno. Asimismo, Diccionario médico unificado[viii], documento auspiciado por la Unión Médica Árabe que incorpora un registro de síndromes en diversos idiomas y en su conjunto albergan un total de 1,886 definiciones de síndromes, tampoco  reconoce la existencia del SAP en su listado. Así, para varios investigadores, el SAP

…no ha sido sujeto de estudios empíricos ni realmente objeto de publicación en revistas científicas[ix]. Por lo tanto: “… Gardner desarrolló un argumento teórico para enunciarlo como síndrome empleando una definición médica y con ello utiliza de forma tergiversada la lingüística, teniendo con ello la intensión de otorgar peso semántico a su postura, no obstante, el rigor debió darse en el método de comprobación como tal y no solo con el simple empleo irresponsable de palabras tendientes a apoyar la postura de algún cliente en un procedimiento familiar a modo de conveniencia. Cabe preguntarse entonces si ¿el SAP fue descubierto o construido a partir de la manipulación de datos tendenciosos?[x]

¿Entonces, cómo abordar un análisis en derecho en donde la primera premisa parte de conocimiento erróneo o de un debate que no ha sido pacífico? Algunos juristas han sostenido que el derecho sin ciencia queda reducido a formas que no incidirán o incidirán mal en los problemas sociales[xi]; por lo tanto, aceptar una teoría como el SAP que no goza de reconocimiento científico y que produce consecuencias de derecho es delicado. En este sentido, alrededor del mundo, varios tribunales han propuesto realizar de manera excepcional un test o examen que compruebe que cierta área, evidencia o conocimiento goza de cientificidad; por ejemplo, la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso: Daubert v. Merrell Dow Pharmaceutical sostuvo que: “…el adjetivo ‘científico’ implica una sólida postura en los métodos y procedimientos de la ciencia[xii]”. Por su parte, en Latinoamérica, la Corte Constitucional de Colombia ha asumido la tesis de la libertad científica, pero también admite un análisis respecto de alguna discusión técnica en donde el funcionario judicial debe analizar el estado del arte sobre una discusión o debate científico[xiii]. Llegados a este punto: ¿es posible, entonces, sostener la validez científica y constitucional del SAP? Es una de las preguntas medulares que tengan que resolver los ministros de la Suprema Corte.

El artículo 323 séptimus del Código Civil introdujo un subsistema de reglas que describen una especie de violencia intrafamiliar, consecuencias de afectación, niveles o estadios de alienación, un tratamiento, en donde un departamento de psicología tiene la facultad para evaluar a familiares cercanos para determinar con quién deberá permanecer el menor y, finalmente, un departamento de alienación parental encargado de llevar a cabo el tratamiento para el niño alienado. Cuando se “acredita” el SAP en grados “leve” y “moderado” la consecuencia es la suspensión del ejercicio de la patria potestad y/o del régimen de convivencias y visitas que se tenga decretado. Mientras que en el caso de la alienación “severa” la consecuencia será que el menor no permanecerá bajo cuidado del alienador o con la familia de éste y se suspenderá todo contacto.

Tal como se encuentra prevista en el Código Civil del Distrito Federal, el SAP es un conjunto grave de violaciones a los derechos humanos de todas las personas involucradas. En la práctica ya ha causado mucho dolor, como nos lo demostró el terrible caso de la colonia San Bernabé, en la Delegación Magdalena Contreras. La Suprema Corte tiene una oportunidad histórica para posicionarse en contra de teorías seudocientíficas que mucho daño han provocado en el mundo, en favor de la niñez mexicana y sus familias.

Miguel Ángel Antemate Mendoza. Defensor de derechos humanos por la UNAM.

 

 “ARTICULO 323 Septimus.- Comete violencia familiar el integrante de la familia que transforma la conciencia de un menor con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores.

La conducta descrita en el párrafo anterior, se denomina alienación parental cuando es realizada por uno de los padres, quien, acreditada dicha conducta, será suspendido en el ejercicio de la patria potestad del menor y, en consecuencia, del régimen de visitas y convivencias que, en su caso, tenga decretado. Asimismo, en caso de que el padre alienador tenga la guarda y custodia del niño, ésta pasará de inmediato al otro progenitor, si se trata de un caso de alienación leve o moderada.

En el supuesto de que el menor presente un grado de alienación parental severo, en ningún caso, permanecerá bajo el cuidado del progenitor alienador o de la familia de éste, se suspenderá todo contacto con el padre alienador y el menor será sometido al tratamiento que indique el especialista que haya diagnosticado dicho trastorno.

A fin de asegurar el bienestar del menor, y en caso de que, por su edad, resulte imposible que viva con el otro progenitor, el departamento de psicología del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, evaluando a los parientes más cercanos del niño, determinará qué persona quedará encargada de su cuidado; mientras recibe el tratamiento respectivo que haga posible la convivencia con el progenitor no alienador.

El tratamiento para el niño alienado será llevado a cabo en el Departamento de Alienación Parental del Servicio Médico Forense del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.”

SCJN: Alienación parental puede considerarse violencia intrafamiliar

Alienación parental no causa pérdida de la patria potestad: SCJN

Manipular a los hijos para ponerlos en contra de su padre o madre, según sea el caso, puede ser considerado como un tipo de violencia intrafamiliar.

Así lo resolvió este martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al validar que el Código Civil , considere como violencia intrafamiliar la “alienación parental”, la cual puede ocurrir principalmente durante los procesos de divorcio.

En muchas ocasiones, cuando se va a dar este tipo de separaciones, pues normalmente hay la influencia de alguno de los progenitores respecto de los hijos, sobre todo de los menores que están a lo mejor en una edad más influenciable, en donde mal hablando uno del otro, se llega a crear en la conciencia del menor, la situación de cierto rechazo hacia alguno de ellos, no me quiero referir de manera específica al padre o a la madre, porque finalmente puede darse en ambos casos de manera exactamente igual”, señaló Margarita Luna Ramos, ministra de la SCJN.

Seis de diez ministros presentes en la sesión, votaron por incluir la “alienación parental” como un tipo de violencia que puede ocurrir al interior de las familias, mientras que cuatro ministros se pronunciaron por declararla inconstitucional, argumentando que la definición era imprecisa.

Aquí cabe absolutamente todo, cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier gesto, cualquier crítica, sería alienación parental, y perdónenme, pero eso no es alienación parental”, indicó Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro de la SCJN.

A pesar de que la mayoría de los ministros consideró que la alienación parental sí debe incluirse como un tipo de violencia, 9 de 10 votaron por invalidar la única pena que contemplaba el Código Civil de Oaxaca para estos casos, la pérdida de la patria potestad.

Puede afectar a los propios niños al evitar la convivencia con los padres y traer mayor consecuencia psicoemocional a los menores de edad, niños, niñas y adolescentes”, destacó Lucía Piña Hernández, ministra de la SCJN.

De esta forma, la sanción fue eliminada del Código Civil del Estado, con lo que finalizó el estudio de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

El ministro José Ramón Cossío Díaz no estuvo presente durante la sesión.

 

Impedir ver a los hijos justifica cambiar la custodia: SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que cuando uno de los padres impida sistemáticamente que sus hijos convivan con el otro progenitor, se justifica modificar la guarda y custodia para generar una mejor convivencia.

De esta manera la Primera Sala del Alto Tribunal resolvió el amparo directo en revisión 2710/2017, presentado por el ministro Arturo Zaldívar. En el caso presentado, luego del divorcio de la pareja, se decretó que la madre tenía la guarda y custodia de la menor y que el padre tenía un régimen de visitas y convivencias.

Sin embargo, debido a que la madre no presentaba a la niña a las convivencias, el padre no podía tener contacto con su hija, a pesar de haberlo intentado por diferentes formas. Por esta razón, el padre le solicitó al juez el cambio de la guarda y custodia para que él pudiera convivir con su hija de nuevo.

A raíz de esta petición, la SCJN determinó que el cambio de guarda y custodia es lo más benéfico para el menos debido a que es la única forma en la que se puede garantizar que las convivencias se llevarán a cabo y como consecuencia, la niña estará en contacto con ambos padres.

Esta decisión se tomó en razón de que si la menor no está en contacto con su padre, corre el riesgo de sufrir daños emocionales difíciles de revertir y además no existía razón para pensar que la convivencia con su progenitor pudiera generar un impacto negativo en su vida.

Aunado a esto, se determinó que el cambio de guarda y custodia se debía llevar a cabo de manera gradual, esto para impedir que el cambio signifique un procedimiento radical e intrusivo para la niña. También se determinó que antes de iniciar con el proceso de cambio, la menor deberá ser escuchada para tomar en cuenta sus necesidades.

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